Es bien sabido que con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959
América Latina y el Caribe reanudaron su marcha hacia su Segunda y
Definitiva Independencia. El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de
lo que luego sería la República Bolivariana de Venezuela es usualmente
considerado como el segundo hito en esta larga marcha. Esto es
indudable, pero pasa por alto una importantísima etapa intermedia, breve
pero de enorme importancia: la que aportara el gobierno de Salvador
Allende y la Unidad Popular en Chile, entre 1970 y 1973 y que es
imprescindible rescatar del olvido en que ha sido sepultada por el
inmenso aparato propagandístico de la derecha tanto dentro como fuera de
Chile.
Allende llega al Palacio de la Moneda con un programa de
gobierno que nada tiene que envidiar al que luego procurarían
implementar -en un contexto internacional, económico y político mucho
más favorable- los gobiernos bolivarianos de Venezuela, Bolivia y
Ecuador. Hombre de inconmovible convicciones socialistas Allende no
demoró un segundo en aplicar el programa de la UP, adoptando
trascendentales medidas como la nacionalización de las riquezas básicas
de Chile: la gran minería del cobre, hierro, salitre, carbón y otras, en
poder de empresas extranjeras –entre ellas los gigantes de la industria
cuprífera: la Anaconda Copper y la Kennecott- y de los monopolios
nacionales. Con una inversión inicial de unos 30 millones de dólares al
cabo de 42 años la Anaconda y la Kennecott remitieron al exterior
utilidades superiores a los 4.000 millones de dólares. No contento con
esto Allende nacionalizó casi la totalidad del sistema financiero del
país: la banca privada y los seguros, adquiriendo en condiciones
ventajosas para su país la mayoría accionaria de sus principales
componentes. Nacionalizó a la International Telegraph and Telephone
(IT&T), que detentaba el monopolio de las comunicaciones y que antes
de la elección de Allende había organizado y financiado, junto a la
CIA, una campaña terrorista para frustrar la toma de posesión del
presidente socialista. Recuperó la gran empresa siderúrgica, creada por
el estado y luego privatizada. Aceleró y profundizó la reforma agraria,
que con su predecesor democristiano había avanzado con pasos lentos y
vacilantes. Una casi olvidada ley de la fugaz República Socialista de
Chile (4 de Junio-13 de Septiembre de 1932) facultaba al presidente a
expropiar empresas paralizadas o abandonadas por sus dueños. Se
constituyó un “área de propiedad social” en donde las principales
empresas que condicionaban el desarrollo económico y social de Chile
(como el comercio exterior, la producción y distribución de energía
eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las
comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y
sus derivados; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química
pesada, la celulosa y el papel) pasaron a estar controladas por el
estado. Todo esto hizo Allende en los pocos años de su gestión, aparte
de crear una gran editorial popular, Quimantú, para acercar la cultura
universal a chilenas y chilenos y de devolver la dignidad a un pueblo
por décadas sometido al yugo de una feroz oligarquía neocolonial.
Y todo, absolutamente todo, lo hizo el gobierno de la UP sin salirse
del marco constitucional y legal vigente, pese a lo cual la oposición:
la vieja derecha oligárquica y sectores progresivamente mayoritarios de
la democracia cristiana se arrastraron sin el menor recato por el fango
de la ignominia, arrojando por la borda su (siempre escaso) respeto por
las normas democráticas para fungir como agentes locales de las
maniobras criminales de la reacción imperialista. Aquéllas habían sido
desatadas por Washington la misma noche del 4 de Septiembre de 1970,
cuando aún se estaban contando los votos que darían el triunfo a la UP.
Furioso, el bandido de Richard Nixon, ordenó sabotear a cualquier precio
al inminente gobierno de Allende. El asesinato del general
constitucionalista René Schneider, poco antes que el Congreso Pleno
ratificara su triunfo, fue apenas el primer eslabón de una tétrica
cadena que con la dictadura de Pinochet sembraría muerte y destrucción
en Chile. La permanente solidaridad de Allende con la Revolución Cubana y
con todas las causas emancipatorias de la época, antes y después de
asumir la presidencia, fue otro de los factores que encendió las iras de
la Casa Blanca y su terminante decisión de acabar con él. En 1967, y en
su calidad de Presidente del Senado de Chile Allende había acompañado
en persona a Pombo, Urbano y Benigno, los tres sobrevivientes de la
guerrilla del Che en Bolivia, para garantizar su seguro retorno a Cuba.
Por eso el desafío que planteaba el médico chileno: la construcción de
un socialismo “con sabor a vino tinto y empanadas”, precursor del
socialismo del siglo veintiuno, era viscerablemente inaceptable para
Washington y merecedor de un ejemplar escarmiento. Especialmente cuando
el imperio, agobiado por la inminencia de una derrota catastrófica en
Vietnam, sentía la necesidad de asegurar la incondicional sumisión de su
“patio trasero”. Pero Allende, un marxista sin fisuras, no cedió un
ápice, ni en sus convicciones ni en las políticas que perseguía su
gobierno. Y lo pagó con su vida, como lo dijera en su alocución final
por radio Magallanes ese aciago 11 de Septiembre de 1973. Y este 26 de
Junio, al cumplirse 110 años de su nacimiento, se impone un sentido
homenaje a esa figura universal, querible e imprescindible de Nuestra
América, el gran precursor del ciclo de izquierda que se iniciaría en
diciembre de 1998 en Venezuela.
